Panamá avanza en controles para fortalecer y evitar conductas abusivas en el comercio nacional.

El país, a pesar de los vaivenes de las consideraciones de los organismos internacionales, que hasta la fecha aún exigen un mayor esfuerzo por parte del Estado panameño, en el pleno cumplimiento del intercambio de información financiera o bien del fortalecimiento de las regulaciones así como de instituciones más sólidas que minimicen y prevengan el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo; ha logrado avances para proveer leyes que poco a poco permitirán a Panamá acabar con la errónea percepción de que su sistema financiero y su régimen fiscal facilitan el lavado de dinero.

Con la aprobación de la Ley 23 de 2015; el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá ha creado ciertas disposiciones para prevenir actividades de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en respuesta al cumplimiento de los controles solicitados por estos organismos internacionales que exigen al país la incorporación de mecanismos de observación para la mitigación de empresas y transacciones ilícitas.

Además de la Ley 23  se suman otras leyes aprobadas como la ley  10, 11, 18 y 22 que cubren también aspectos en materia penal y comercial, las cuales constituyen un marco regulatorio para que los diferentes organismos de supervisión y los sujetos obligados, establezcan las medidas para identificar, evaluar y entender los riesgos y consecuencias del blanqueo de capitales y demás actividades ilícitas relacionadas, de manera que puedan fijar los controles apropiados para su mitigación con el objeto de proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la economía del país.

Cabe resaltar que la ley en mención aplica en todo el territorio nacional incluyendo las áreas especiales de Zona Libre y Panamá Pacífico; por lo que toda empresa establecida en el territorio nacional deberá cumplir con las regulaciones fijadas en la ley.

J. Cain desde la implementación de la Ley 23 ha establecido los controles y procedimientos para fortalecer las políticas que nos lleven al cumplimiento de las normas que regulan la materia, garantizando transparencia y seguridad en las relaciones comerciales con nuestros clientes y demás asociados de negocios.